En la comunidad indígena de San Juan Ozolotepec, la autoridad municipal ordenó cerrar con cadenas, tubos y bases de concreto un predio donde se construía un templo evangélico, bajo el argumento que en dicha comunidad solo se profesa el culto católico.Evangélicos de la comunidad indicaron que se ha hostigado y ordenado el destierro de uno 100 miembros de la iglesia, junto con sus familias del lugar, a los que también se les ha suspendido sus derechos como ciudadanos, a pesar de que han cumplido con las ordenanzas de la asamblea, el tequio comunitario y el pago de impuestos que exige la norma regida bajo el régimen de usos y costumbres.El pastor evangélico de la congregación Getsemaní, Leopoldo Alonso Silva, demandó el apoyo urgente de la Secretaría de Gobernación (Segob), una vez que las autoridades del gobierno de Oaxaca se han negado a intervenir a su favor, permitiendo y solapando los excesos de la autoridad municipal en contra de los miembros de su culto, indican.
Denunció que incluso se ha hecho valer una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca (DDHPO), que se encuentra archivada y en reserva, y reprochó a su vez la actitud del director de Atención Asuntos Religiosos de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Zavaleta Rojas, quien ha hecho caso omiso a la queja presentada.
También mencionó que todos los miembros de la iglesia evangélica son intimidados por la policía del lugar, que los obliga a permanecer dentro de sus viviendas, donde se encuentran aislados.Además reportó que los hijos de las familias afectadas se les ha suprimido incluso el derecho de ingresar a la escuela y hay lugareños que amenazan con prender lumbre a sus viviendas.
“Nosotros estamos denunciando públicamente lo que sucede, porque pueden llegar a más y queremos que se nos haga justicia, no creemos que por profesar una religión distinta a la católica tengamos que abandonar nuestra comunidad”, denunció.
En tanto la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca reportó que ha atendido casos de expulsión de pobladores por intolerancia religiosa en al menos cuatro municipios de la entidad, que se suman al más reciente reportado en la Villa de Hidalgo Yalalag, donde Policarpo Huitromp Revilla fue desterrado junto a su familia por profesar una religión diferente a la católica y rechazar asumir el cargo de mayordomo en la población.
De acuerdo con Francisco Zavaleta Rojas, director de Atención a Asuntos Religiosos de la Segego, en los municipios de San Andrés Yaa, Sabinillo, Tonalá y Santa María Yohuche, se han reportado también casos de expulsión por intolerancia a un credo distinto. Todos estos casos, aseguró, se han resuelto mediante la conciliación con las autoridades municipales.
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