La Comisión Ministerial sobre Legislación del Gobierno israelí ha aprobado este domingo una iniciativa legislativa impulsada por los miembros ultraderechistas de la coalición por la que se impone una tasa del 45 por ciento a las donaciones procedentes del extranjero y destinadas a ONG que no apoyen la política israelí en los territorios palestinos ocupados. La oposición y parte de la coalición de gobierno la ha rechazado por "antidemocrática" y "dictatorial".En concreto, las ONG no podrán defender causas como el boicot a los productos exportados como israelíes pero procedentes de los territorios ocupados, pedir el procesamiento en tribunales internacionales de militares israelíes, negar el Estado de Israel como Estado judío, fomentar el racismo o apoyar ningún tipo de lucha armada contra el Estado de Israel, según recoge el diario 'Yedioth Aharonoth' en su edición digital.
En contra de la norma se ha manifestado la ministra de Justicia y líder del partido centrista Hatnuah, Tzipi Livni, quien ya ha manifestado que intentará que no salga adelante en el Consejo de Ministros porque la considera antidemocrática. "Es una propuesta populista disfrazada de patriotismo que perjudica la capacidad de Israel para defender a los soldados del Ejército", ha argumentado. Los ministros del partido Yesh Atid se han sumado a la postura de Livni.
Sin embargo, los defensores de la norma "Esta ley ayudará a defender a los soldados del Ejército de denuncias perversas financiadas desde el extranjero. La postura de Livni contra esta ley es irresponsable", ha señalado el partido ultraconservador Habayit Hayehudi (Hogar Judío), impulsor de la iniciativa.
Desde la oposición, el líder del Partido Laborista, Isaac Herzog, ha denunciado la "estrechez de miras" de una ley que "calla a quien se atreva a no pensar igual" que el Gobierno. "Los siguiente sería formar a una Policía que imponga multas por emitir opiniones y elabore listas negras políticas", ha advertido.
"Israel es cada vez menos democrático. Todo el que ame y aprecie al país debe oponerse a esta ley con toda sus fuerzas. Depende del primer ministro y del pleno de la Knesset (Parlamento) canclear la decisión del Consejo de Ministros", ha añadido Herzog.
